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A su regreso, Stella reclamó durante una rueda de prensa tiempo para que su marido se recupere y se adapte a su nueva vida, tras pasar los últimos cinco años en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido y los siete anteriores refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar las reclamaciones judiciales.

one. La Parte requerida procederá a la entrega de las decisiones judiciales o documentos relativos a actos procesales que le sean enviados a dicho fin por la Parte requirente.

Cuando una de las Partes solicite de la otra los antecedentes penales de una persona, haciendo constar el motivo de la petición, dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación de la Parte requerida.

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Cuando no existe un acuerdo de extradición entre España y otro país, significa que no hay un tratado bilateral o multilateral vigente que obligue a las partes a entregarse mutuamente a personas acusadas o condenadas por determinados delitos.

Una vez recibida la solicitud de extradición, las autoridades españolas la revisan para determinar si cumple have a peek here con los requisitos legales necesarios.

2. La Parte have a peek at this web-site requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado.

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Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de weblink una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.

three. La Parte requerida podrá negarse al envío de objetos, autos o documentos originales que le hayan sido solicitados si su legislación no lo permite o si le son necesarios en un procedimiento penal en curso.

La extradición no será concedida por delitos considerados como políticos por la Parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza.

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No se concede la extradición por delitos políticos, porque estos dejan de serlo al atravesar una frontera. Como ilustra el jurista José Irureta Goyena: “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.

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